Credhos | Área Jurídica

ÁREA JURÍDICA

El área jurídica se encarga del acompañamiento jurídico y humanitario a las víctimas de violación de Derechos Humanos y población vulnerable acentuada en la región del Magdalena Medio a través de iniciativas integrales de promoción, protección, defensa de los derechos humanos y el DIH.

Clínica Jurídica

Es una metodología atención, acompañamiento y coadyuvancia con enfoque de derechos humanos; que tiene como objetivo brindar a población vulnerable y víctima del conflicto armado atención jurídica, asesoría jurídica, coadyuvancia, acompañamiento humanitario, acompañamiento en terreno, sustanciación, presentación de acciones jurídicas de protección de derechos y representación judicial.

Litigio Estratégico

El objetivo de esta línea es fortalecer la capacidad de acceso de las víctimas a la justicia, contribuyendo a visibilizar los patrones de macro criminalidad, e identificando las deficiencias en propuestas de políticas públicas que van en contravía de la ley, tratados internacionales y/o por fuera de las necesidades de las comunidades apoyadas por CREDHOS. Con esta línea estratégica buscamos fortalecer nuestro sistema judicial en temas frente a los cuales persisten debilidades que posibilitan la violación a los DDHH de las comunidades que habitan en zonas de influencia de nuestra Corporación.

Para CREDHOS, el litigio estratégico se propone frente a una línea gruesa que hacen parte de la defensa de los Derechos Civiles y Políticos, así como los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, a saber:

  1. Derechos humanos, empresas y medio ambiente: Esta línea nace bajo la necesidad de analizar con mayor sistematicidad el papel que cumplen las empresas nacionales y multinacionales que operan en la región y su vinculación, por acción y/u omisión, en la violación de los derechos humanos de las comunidades y en afectaciones al medio ambiente.

A nivel internacional tenemos como referente los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” que, sin ser jurídicamente vinculantes o tener el carácter de un tratado, son una guía para el abordaje de este tema a nivel nacional (soft law). En ellos se plantea el deber de los Estado en la protección de los DD.HH de la población frente a posibles abusos por parte de terceros, la obligación que tienen todas las empresas de respetar los derechos de las comunidades en las cuales tienen incidencia directa e indirecta y la responsabilidad del Estado de garantizar que, ante la violación de los derechos de las comunidades, ellas puedan acceder a medios judiciales y extrajudiciales para que les sean reconocidos.

Adicionalmente, encontramos como apoyo internacional el Protocolo de San Salvador que fue suscrito por el Estado colombiano en 1997 y que plantea en su Artículo 11 “Derecho a un Medio Ambiente Sano”: 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. Finalmente, encontramos la jurisprudencia que frente a estas temáticas ha sido generada en nuestro país.

Lucha contra la impunidad y acceso a la justicia:

Esta línea parte de la necesidad de continuar fortaleciendo el apoyo jurídico, la capacidad de incidencia política y el potenciamiento de las capacidades locales de las víctimas del conflicto armado y las y los líderes sociales para defender sus derechos y los de sus comunidades, así como de contribuir con ello a ampliar los canales de participación en aras de robustecer nuestra roída democracia. Los actores esenciales serán por ello las y los líderes sociales, las víctimas del conflicto armado y las víctimas de la violencia policial. Es de especial interés y apoyo para el trabajo desarrollado en esta línea el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, su Plan Marco de Implementación – PMI, la Ley 1957 de 2019 y la Resolución 1190 de 2018.

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